Al menos 98 líderes sociales han sido asesinados en Colombia durante el año 2018, entre ellos exguerrilleros y familiares, según un informe difundido por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria.

Según indican las cifras, el mes en que se registraron más asesinatos fue enero (27), luego marzo (21), mayo (18), febrero (17) y en tan solo 5 días del mes de junio ya fueron asesinados 3 líderes sociales.

Las zonas donde se han presentado la mayor cantidad de asesinatos son: Arauca, Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca y Nariño, según indica el informe. Además, hace referencia a tres asesinatos en la capital colombiana, como un hecho atípico.

El informe también recoge el asesinato de excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), así como de sus familiares.

A finales de mayo, la FARC había denunciado el asesinato de 24 excombatientes guerrilleros, tres de ellos en el marco de la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales. Mientras la FARC denunciaba las amenazas y el hostigamientos a sus militantes en Bogotá, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, asegura que ningún integrante de FARC protegido por el Estado ha sido asesinado o víctima de ataque.

Leonardo González, coordinador de la unidad de investigación de Indepaz, aseguró a un medio local que las investigaciones indican que la expansión de los paramilitares, el aumento de narcotráfico y la falta de implementación de los acuerdos de paz, están entre los principales motivos de estos asesinatos.

“La recomposición de los territorios dejados por las FARC ha propiciado la entrada de nuevas fuerzas a estos lugares sobre todo aumento en la llegada de grupos paramilitares”, afirmó el investigador.

González se refirió a “alianzas y negocios que están empeorando esta situación, como la coca, la minería ilegal, el tránsito de elementos en fronteras, las reorganización de redes mafiosas como narcotráfico y la llegada al país de carteles mexicanos”.

El Estado colombiano tiene que aumentar su presencia en los territorios, que no se puede ceñir solo a lo militar, “debe ser su presencia más efectiva y sobre todo en las zonas afectadas, fortalecer los instrumentos de autoprotección como las guardias indígenas, cimarronas y campesinas”, explicó.

“Hay que detener la estigmatización contra líderes y organizaciones sociales, de parte del estado pero también de la sociedad. Es importante visibilizar las luchas de estos líderes”, sentenció.

Además, dijo que la Fiscalía debe investigar los casos más allá de la judicialización de los sicarios y dar con los autores materiales, para conocer los motivos reales de estos asesinatos.