Martes 16 de octubre de 2018
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PROVINCIALES | 18.18.2018

Cresta Roja: la reactivación económica que no fue

Tras la quiebra de PROTEINSA, la firma Wade SA, perteneciente al propietario de Granja Tres Arroyos, estableció un programa de recuperación de las empresa que pone en riesgo cientos de puestos de trabajo. Los trabajadores de Cresta Roja están comprendidos en cuatro gremios diferentes. Días atrás, la Gendarmería reprimió al único sindicato que no adhirió al acuerdo. La imparcialidad del Ministerio de Trabajo.

Cuando a fines de 2015 PROTEINSA SA se hacía cargo de Cresta Roja, tras la quiebra de la firma Rasic Hnos., María Eugenia Vidal y Mauricio Macri hicieron un acto en la empresa, a la que mostraron como paradigma de la reactivación económica que prometían a principios de su gestión. Sucedió todo lo contrario. PROTEINSA fracasó y, luego de numerosos despidos durante 2017, vendió sus activos.
Estos fueron adquiridos por la firma WADE SA, perteneciente a Joaquín de Grazia, quien a su vez es propietario de la firma líder del mercado nacional avícola, Granja Tres Arroyos. El lunes 26 de marzo, el juzgado comercial N°18, a cargo de Valeria Pérez, otorgó la tenencia de Cresta Roja a WADE SA.
De Grazia se hizo de la empresa por un monto de 15.600.000 de dólares, a abonar en 24 cuotas iguales de trece millones de pesos, según el acta firmada en el Ministerio de Trabajo conducido por Jorge Triaca. Tras la compra, WADE presentó un plan para poner en funcionamiento la empresa. El acuerdo fue aceptado por tres de los cuatro gremios que nuclean a los trabajadores de todas las plantas. El Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación lo rechazó y dos días atrás fue reprimido por Gendarmería Nacional en el marco de una protesta que realizaban frente a la planta 1.
El proyecto de la empresa consiste en la incorporación de a grupos de trabajadores "de acuerdo a la necesidad operativa que (la empresa) estime para la ejecución del plan". Mientras tanto, los obreros que no sean convocados cobrarán un "salario de suspensión" de 10 mil pesos. El plan de incorporación de trabajadores culminará en julio de 2019 y aquellos que no hayan sido convocados perderán sus puestos de trabajo y, a partir de esa fecha, también dejarán de percibir el salario de suspensión.
"Los trabajadores tenemos familia y no podemos sostener un hogar con 10 mil pesos por mes" señaló un trabajador a este portal. Además, consideran que la empresa realizará 500 despidos, más 500 suspensiones a las que consideran como "despidos encubiertos". De todas formas, el personal de Cresta Roja aseguró que aún el gobierno no ha destinado esa plata a ningún obrero.
El acuerdo, en su punto 5, establece que durante el periodo que se inició en mayo hasta julio de 2019 "los trabajadores no podrán hacer ningún reclamo" y que "quienes no presten conformidad (al proyecto de la empresa) quedan automáticamente excluidos de la posibilidad de ser convocados por WADE SA".
Esta iniciativa de la patronal deja al descubierto la imparcialidad de la cartera de Trabajo que conduce Jorge Triaca. Bajo el argumento de "proteger los puestos de trabajo", las condiciones que impone la empresa sobre los trabajadores y sindicatos generarán inevitablemente despidos, que los trabajadores estiman en centenares.
El plan de la empresa, tras la adquisición por parte de la firma WADE SA, preveía que "la faena en la planta 1" comience el 15 de mayo. Más de 400 trabajadores del gremio de la Alimentación, el único que no firmó el acuerdo, realizaba, el miércoles durante la madrugada, un acampe frente a la planta y a las 5.30 la Gendarmería Nacional reprimió a los obreros con balas de goma y gases lacrimógenos. La empresa que Cambiemos fijó como ejemplo de la recuperación Argentina resultó ser el paradigma de la represión y los despidos.

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